jueves, 22 de febrero de 2024

 

Los “hechos presumiblemente constitutivos de infracción disciplinaria”

Dr. Giovani Mayorga Andaluz

calaviccilawyers@gmail.com

 

Los hechos que tiene utilidad en el Derecho Disciplinario Judicial no son los meramente fácticos o empíricos (hechos de la naturaleza), sino única y exclusivamente aquellos hechos típicos[1] que están previstos en las normas jurídicas que establecen las faltas y las sanciones administrativas que son objeto de la imputación disciplinaria.

La adecuación típica en esta área del Derecho es un proceso de análisis técnico jurídico muy riguroso en donde la lógica jurídica, la argumentación y la hermenéutica juegan un papel preponderante, y ello se debe a la existencia de tipos disciplinarios abiertos o en blanco en los cuales es necesario recurrir a otras normas jurídicas para completar su contenido. En este sentido la Corte Constitucional en la Sentencia No. 3-19-CN/20 ya advirtió esta matización del principio de legalidad en el ámbito disciplinario cuando considero que “el carácter frecuentemente abierto y menos estricto de los tipos disciplinarios no significa necesariamente la eliminación, violación o inaplicación del principio de legalidad”.

La consecuencia de la apertura del tipo disciplinario y la alusión a conceptos jurídicos indeterminados implica que la adecuación típica de la conducta debe realizarse empleando los métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y ordinaria establecidos en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional[2] lo cual resulta ser un mecanismo de limitación de la arbitrariedad del operador disciplinario pues los tipos disciplinarios no pueden extenderse tanto como el derrotero acusador arbitrario pretenda, sino solamente hasta el límite máximo y tolerable que un adecuado, garantista, argumental y lógico ejercicio hermenéutico lo permita, empleando para ello las normas en las que se establezcan los “deberes, prohibiciones y facultades de los jueces, fiscales y defensores públicos, constantes en los artículos 75 a 82 de la Constitución, en el artículo 130 del COFJ (en el caso de los jueces y juezas), en el artículo 444 del COIP (en relación a los y las fiscales) y 286 del COFJ (para el caso de las defensoras y defensores públicos).”[3], así como aquellas otras normas en las que puede encontrarse tales deberes, prohibiciones o facultades como por ejemplo en los artículos 16[4] y 22[5] de la LOGJCC.

Los hechos típicos se encuentran descritos solamente de forma abstracta en distintas normas como ocurre en los artículos 107, 108 y 109 el COFJ y el artículo 22 de la LOGJCC, sin embargo el artículo 23 de la Resolución 038-2021 refiere a una categoría especial de hechos al establecer que deben ser “constitutivos de la infracción disciplinaria”, lo cual da a entender que se requiere identificar y precisar, en cada caso concreto, aquellos hechos que tienen una relación directa con los componentes estructurales o esenciales de la infracción administrativa, pues los hechos abstractos resultan insuficientes para analizar la conducta del disciplinable.

 

En este sentido, y para ejemplificar lo anterior, se propone como ejemplo el artículo 107. 5 del COFJ en el que se establece como falta leve:

 

“Incurrir en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio al que está obligado u obligada;”

 

            En esta norma se describen varios hechos de forma abstracta:

 

a)      Negar injustificadamente la prestación del servicio;

b)      Retardar injustificadamente la prestación del servicio;

c)      Obligación jurídica vinculante.

 

Los hechos relevantes en relación a la infracción prevista en el artículo 107.5 del COFJ serían:

 

a)         Los que permiten identificar al responsable de la infracción;

b)         Los que acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la negativa o el retardo injustificado;

c)         Los que determinan la modalidad de la conducta (dolosa o culposa), porque la responsabilidad objetiva esta prescrita;

d)        Los que justifican la ilicitud sustancial del comportamiento;

e)         Los que demuestran el resultado dañoso derivado causalmente de la conducta antijurídica, cuando ello sea necesario para configurar la falta administrativa; 

f)         Los que permiten concluir en la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad disciplinaria;

g)         Los que coadyuvan a establecer el conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción;

h)         Los demostrativos de la capacidad de comprensión de la ilicitud de la conducta;

i)          Los que justifican la conciencia de la antijuridicidad de la falta administrativa;

j)          Los que ayudan a establecer la exigibilidad de la conducta, etc.

 

Además, debe tomarse en cuenta que la falta prevista en el artículo 107.5 del COFJ, reconduce la configuración de los hechos relevantes a los estándares del plazo razonable descritos por la Corte Constitucional en las Sentencias Nos. 1584-15-EP/20 y 1562-14-EP/21, por mencionar algunas, en las que se ha considerado necesario e indispensable tomar en cuenta varios factores para establecer la existencia del retardo injustificado, de manera que en este caso concreto los hechos con relevancia para el Derecho Disciplinario Judicial son aquellos que refieren:

 

·         a la complejidad del asunto;

·         a la actividad procesal del interesado;

·         a la conducta del disciplinable; y,

·         a la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

 

Tal como se puede apreciar, los hechos que interesan al Derecho Disciplinario Judicial, en principio están descritos de forma abstracta, pero en cada falta concreta se debe particularizar cuales son los que deben ser justificados en la investigación o en la sustanciación de la causa.

Una adecuada delimitación de los hechos relevantes en materia disciplinaria permite la verificación del derecho a la defensa del disciplinable, pero también es necesaria para adecuar la imputación de la infracción administrativa, o, en su defecto, para que se aplique el principio de oportunidad o para que la autoridad administrativa recomiende el archivo definitivo del caso.

 

calaviccilawyers@gmail.com

 



[1] Taruffo, Michele, La prueba de los hechos, Trota, Madrid 2009, pp. 100 s.

[2] Art. 3.- Métodos y reglas de interpretación constitucional.- Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, en caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente.

Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y ordinaria para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos: 1. Reglas de solución de antinomias.- Cuando existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial, o la posterior. 2. Principio de proporcionalidad.- Cuando existan contradicciones entre principios o normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. 3. Ponderación.- Se deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para determinar la decisión adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. 4. Interpretación evolutiva o dinámica.- Las normas se entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tornarlas contrarias a otras reglas o principios constitucionales. 5. Interpretación sistemática.- Las normas jurídicas deberán ser interpretadas a partir del contexto general del texto normativo, para lograr entre todas las disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y armonía. 6. Interpretación teleológica.- Las normas jurídicas se entenderán a partir de los fines que persigue el texto normativo. 7. Interpretación literal.- Cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá su tenor literal, sin perjuicio de que, para lograr un resultado justo en el caso, se puedan utilizar otros métodos de interpretación. 8. Otros métodos de interpretación.- La interpretación de las normas jurídicas, cuando fuere necesario, se realizará atendiendo los principios generales del derecho y la equidad, así como los principios de unidad, concordancia práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación.

[3] Sentencia No. 3-19-CN/20

[4] Art. 16.- Pruebas.- La persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se invierte la carga de la prueba. La recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia y la jueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de inconstitucional o impertinente.

En la calificación de la demanda o en la audiencia, la jueza o juez podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas, sin que por ello se afecte el debido proceso o se dilate sin justificación la resolución del caso. Cuando la jueza o juez ordene la práctica de pruebas en audiencia, deberá establecer el término en el cual se practicarán, que no será mayor de ocho días y por una sola vez. Por excepción, la jueza o juez podrá ampliar de manera justificada este término exclusivamente por la complejidad de las pruebas y hasta cuando éstas sean practicadas. En caso de ser injustificada la ampliación o de retardar en exceso la resolución de la causa, se considerará como falta grave y se aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial.

La comisión para recabar pruebas podrá ser unipersonal o pluripersonal, para que realice una visita al lugar de los hechos, recoja versiones sobre los hechos y las evidencias pertinentes y elabore un informe que tendrá el valor de prueba practicada.

Se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria. En los casos en que la persona accionada sea un particular, se presumirán ciertos los hechos cuando se trate de discriminación o violaciones a los derechos del ambiente o de la naturaleza.

 

[5] Art. 22.- Violaciones procesales.- En caso de violación al trámite de garantías constitucionales o incumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez deberá sancionar a la persona o institución que incumple, de conformidad con las siguientes reglas:

1. En caso de que el incumplimiento provoque daños, la misma jueza o juez sustanciará un incidente de daños y perjuicios, mediante un procedimiento sumario, por este hecho y contra la persona responsable, particular o pública, y su cuantía será cobrada mediante apremio real.

2. En caso de que el incumplimiento sea de parte de servidoras o servidores judiciales o de acciones u omisiones durante el trámite, se considerará como falta gravísima y se comunicará del particular al Consejo de la Judicatura para que proceda de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial.

3. Si las violaciones al trámite o términos establecidos en esta ley proviene de la propia jueza o juez, la parte perjudicada podrá presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente del Consejo de la Judicatura, de acuerdo a las normas del Código Orgánico de la Función Judicial.

4. En caso de que servidoras o servidores públicos incumplieran una sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución. En caso de destitución del servidor omiso, el remplazo debe cumplir el fallo bajo las mismas prevenciones.

5. No se podrán dictar actos ulteriores que afecten el fallo, bajo las mismas prevenciones.

 

Dépeçage o fraccionamiento del derecho en el sistema jurídico ecuatoriano.

 

Dr. Giovani Mayorga Andaluz

montecrhisto@gmail.com

 

La posibilidad de selección del derecho aplicable a la fase de ejecución del contrato prevista en el artículo 252 del Código de Comercio permite introducir en el ordenamiento jurídico ecuatoriano la figura el Dépeçage voluntario establecido en el artículo 7 de El Convenio de La Haya del 22 de diciembre de 1986, sobre la Ley Aplicable a los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías llamado también como Convenio de La Haya de 1986 y en el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales o Convención de México.

Su naturaleza se explica desde la autonomía de la voluntad de las partes contratantes y más concretamente desde la autonomía conflictual que les faculta a seleccionar el derecho aplicable al contrato mercantil internacional; aunque también puede explicarse desde el punto de vista de la utilidad que reporta esta institución para satisfacer las necesidades del comercio trasfronterizo y desde la posibilidad de solucionar los problemas derivados de los contratos complejos o conjuntos contractuales, los cuales difieren enormemente de un contrato internacional de intercambio simple, de corta duración o de ejecución inmediata.

En esta línea argumental debe aclararse que un contrato de cumplimiento instantáneo según el artículo 7.3.6 de los Principios UNIDROIT es aquel en el cual el deudor debe cumplir sus obligaciones en un solo momento, tomando en cuenta siempre si la prestación puede realizarse de una vez y si las circunstancias no indican otro modo de cumplimiento, de manera que en esta clase de contratos la complejidad de la operación mercantil transfronteriza es menor.

Por otra parte, en lo atinente a las figuras contractuales de mayor complejidad, Alterini (1999, p. 188) sostiene que un contrato atípico complejo o mixto comprende varias prestaciones derivadas de distintos contratos típicos, o también pueden consistir en una combinación de nuevos elementos con elementos desconocidos; y, en lo referido a los conjuntos contractuales, llamados también contratos encadenados o cadenas de contratos, considera que en esta categoría se insertan aquellos contratos en los que existen formalmente distintas partes que se encuentran vinculadas en un conjunto económico, y cuya conexidad se explica con base en una prestación que se estima esencial (Alterini, 1999, p. 194; Gregorini-Clusellas, 2009a, p. 314). Esta finalidad económica global o supracontractual (Lorenzetti, 1999a, p. 35) es el elemento que une a los distintitos contratos que forman parte de la cadena y es el que determina la funcionalidad de cada uno de ellos.

Desde esta perspectiva dogmática lo que diferencia a los contratos complejos de los contratos encadenados es que en la primera categoría se unifican o sintetizan distintos contratos típicos para generar un nuevo contrato innominado con características propias, en tanto que en la segunda categoría los distintos elementos que conforman la cadena de contratos están estructurados y funcionan para cumplir una prestación característica principal, de manera que cada una de las prestaciones intermedias para alcanzar el fin están interconectadas objetiva y funcionalmente.

En los diversos tipos de contratos antes descritos los contratantes pueden seleccionar una legislación para el cumplimiento de la prestación, otra para su ejecución forzosa o una tercera para el reclamo de los perjuicios derivados del incumplimiento, una adicional para discutir la validez del contenido clausular, etc.; y, asimismo, pueden seleccionar un derecho aplicable para cada uno de los distintos contratos que existen en una cadena de contratos, posibilitando de esta forma la aplicación de varias leyes para un solo contrato internacional mercantil. Dicho de otra manera los contratos internacionales mercantiles pueden ser plurilocalizados dependiendo de la conveniencia de los contratantes.    

Como la norma del art. 252 del Código de Comercio impone la posibilidad del Dépeçage sin remitirse a los contratos complejos o a los de ejecución inmediata, la posibilidad de su aplicación resultaría pertinente en cualquiera de las figuras contractuales antes establecidas. Asimismo, al no restringirse temporalmente su aplicación, esta figura puede ser prevista por los contratantes al momento de la celebración del contrato o con posterioridad y, además, sería posible otorgarle un efecto retroactivo. En ambos casos la restricción que existiría es que su establecimiento no comprometa la validez del contrato ni perjudique a terceras personas.

En adición, se debe destacar que la escueta redacción de la norma jurídica antes aludida no prohíbe ni impide que la selección del derecho aplicable al contrato internacional mercantil excluya la aplicación de las normas de conflicto del derecho seleccionado, en cuyo caso se produciría un reenvío. El reenvió, es una institución jurídica mediante la cual la legislación de un Estado remite la solución de un determinado caso al Derecho Internacional Privado extranjero dando como efecto que se remita a la legislación del primer Estado o de un tercero, y así sucesivamente (López-Herrera, 2014, p. 130).

Esta situación generada a partir de la remisión o reenvío resulta perjudicial para las partes contratantes porque elimina la certeza y previsibilidad que les aportaba el derecho seleccionado, de ahí que la doctrina estima que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad la selección del derecho aplicable debe entenderse como excluyente de la aplicación de las normas de conflicto aunque no conste de forma expresa (López-Herrera, 2014, p. 134), criterio que es compartido porque de otra manera la posibilidad del Dépeçage resultaría vaciada de contenido y, lo que es peor, aún la autonomía de la voluntad se vería restringida. 

La limitación que existiría en el empleo de esta facultad de los contratantes radica en que la fragmentación del derecho que realicen solo puede referirse a aquellas obligaciones objetivamente separables y que no tenga una relación de interdependencia respecto de otras, verbi gratia cuando existan en el contrato partes que puedan ser escindidas sin que se afecte el cumplimiento de las prestaciones debidas.

Además, atendiendo al tenor literal del artículo 252 del Código de Comercio el Dépeçage tendría cabida no solamente respecto del derecho estatal de cualquier parte del mundo sino también respecto de aquellas normas anacionales como los Principios UNIDROIT que no se corresponde con esta categoría, pues la excepción de la norma jurídica antes aludida no establece ninguna restricción en ese sentido.

Esta institución no está libre de críticas, pues como lo advierte León-Tovar (2015, pp. 993-994) la aplicación del Dépeçage puede provocar una limitación de la autonomía de la voluntad los contratantes y generar inseguridad en el contrato por la multiplicidad de leyes que pueden aplicarse. Lo primero puede explicarse por la débil posición jurídica que una de las partes puede presentar en el contrato internacional, lo que implicaría que la selección de las distintas normas jurídicas que van a regirlo no sea sino el resultado de la imposición de la voluntad de la parte contratante más fuerte. Lo otro porque las normas jurídicas eventualmente derivadas de sistemas jurídicos diversos, pueden regular de forma contradictoria los aspectos amparados por el Dépeçage, generándose así un problema de compleja resolución debido a la regulación incompatible o contradictoria que puede existir.

Además, a esas críticas muy importantes, debe añadirse otra que refiere a la disección natural a la que el contrato mercantil internacional está sometido pues la  Convención de las Naciones Unidas, sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, CNUCCIM (Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CCIG) y los Principios UNIDROIT aunque regulan aspectos sustantivos de las operaciones transfronterizas, dejan al descubierto cuestiones que solo el derecho doméstico puede reglamentarlas mediante sus normas imperativas, tales como son la capacidad de las partes, la nulidad de las cláusulas, la nulidad del mandato, etc., por mencionar algunas, por ende la regulación del contrato internacional ya encuentra una primera división de las normas aplicables que provocan la interrelación de diversos regímenes, a la que ha de sumarse la derivada del empleo del Dépeçage, con lo cual el principio de unidad del contrato resultaría una aporía.

Pese a las objeciones que existen, al menos en el caso ecuatoriano, resulta una institución novedosa cuyo reconocimiento normativo permite adaptar la legislación mercantil al ritmo de los instrumentos de derecho uniforme antes aludidos, y de las legislaciones modernas que, como la argentina, la prevén desde casi una década atrás; además, otorga la posibilidad de disciplinar de mejor manera los contratos complejos, los contratos de larga duración y los conjuntos contratos (Rojas-Tamayo, 2018, p. 354) en los que se requiere de una alta tecnología jurídica (Marzorati, 2003, p. 9) para adecuar el comportamiento de los contratantes a las particularidades propias de cada contrato; y, finalmente, otorga una valiosa oportunidad para la discusión académica y empírica de esta institución en el ámbito del comercio transfronterizo ecuatoriano.   

 

 

Dr. Giovani Mayorga Andaluz

montecrhisto@gmail.com

calaviccilawyers@gmail.com

 

domingo, 6 de mayo de 2018

Valoración de la Prueba. Dr. MICHELE TARUFFO Pamplona 2017

Prof. Claus Roxin

Diego Luzon Peña | La imputación objetiva en el derecho penal

Entrevista a Profesor Diego Manuel Luzón Peña

Mi Primo Vinny - Pelicula Completa En Español Latino

Asesinato un domingo por la mañana

EL COGEP Y EL IMPULSO DE OFICIO



Dr. Giovani Criollo Mayorga
montecrhisto@gmail.com

Lo doctrina ha establecido que el  proceso se encuentra  sustentado en  varios principios fundamentales que lo regulan, siendo varios de ellos el denominado principio dispositivo y el de celeridad.  Por el primero, debe entenderse en su versión liberal, que las partes litigantes tienen el dominio de su derecho sustancial lo cual implica adicionalmente que tengan también el poder de decisión respecto de los actos procesales que se derivan del juicio, por esa razón son libres de ejercitarlos o no y de iniciar, continuar y finalizar el proceso civil instaurado, pues el mismo se ha concebido desde el punto de vista de la autonomía de la voluntad, de la libertad y del derecho subjetivo.
De acuerdo con Alsina[1] y con Montero Aroca[2] las manifestaciones del principio dispositivo en el proceso son las siguientes:
el juez no puede iniciar de oficio el proceso (nemo iure sine actore); no puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba que no han sido aportados por las partes (principio de presentación: quod non est in actis non est in mundo); debe tener por ciertos los hechos en que aquellas estuviesen de acuerdo (ubi partis sunt concordes nihil ab judicien); la sentencia debe ser conforme a lo alegado y probado (secundum allegata et probata); y el juez no puede condenar a más ni a otra cosa que la pedida en la demanda (ne eat ultra petita partiun).
Estas manifestaciones del principio dispositivo han dado lugar a la existencia de lo que se denomina como “justicia rogada”, entendiéndose por tal a la labor desarrollada por los jueces civiles quienes únicamente decidirán los conflictos sometidos a su jurisdicción atendiendo exclusivamente a las pretensiones de los sujetos procesales y la prueba de sus afirmaciones, lo cual configura, como se puede observar, una restricción a la actuación de juzgador, pues no puede salirse de los límites consignados por las partes en la demanda y en la contestación a la demanda (principio de congruencia procesal).
En nuestro sistema jurídico el principio dispositivo está reconocido constitucionalmente (artículo 168) y ha sido desarrollado también por el Código Orgánico de la Función Judicial (artículos 18 y 19), por manera que constituye un imperativo que debe ser cumplido por el juez en el ejercicio de sus actividades jurisdiccionales.
Históricamente el principio dispositivo ha pasado por una evolución muy compleja, resultando particularmente importante la formulación de este principio en el derecho procesal del siglo XIX, en donde gracias al reconocimiento de la propiedad privada y la libertad del individuo, se impidió al máximo la intromisión del estado en la vida de los particulares, lo que significó que el juez no pueda entrometerse, sino hasta el momento mismo de dictar sentencia, en el conflicto de los particulares que son titulares y dueños de sus derechos sustantivos y procesales, con plena disposición sobre ellos, por ello el inicio del juicio, el objeto del proceso, el impulso procesal y la entrega de medios probatorios les correspondía a ellos exclusivamente.
Ello implicaba, como no podía ser de otra manera, que la justicia deba ser rogada, es decir, que los justiciables deban solicitar a la autoridad jurisdiccional, mediante la presentación de escritos, el avance y la continuación de su causa, la cual quedaba completamente paralizada ante la inacción de los sujetos procesales. Bajo esas circunstancias, la justicia se caracteriza por ser lenta y vejatoria de los derechos y garantías del ciudadano quien ve que la resolución del conflicto, en parte, depende del impulso procesal que se le dé a su caso.
No obstante esta formulación “clásica” o liberal del principio dispositivo se verá trastocada posteriormente en el siglo XX por lo que se ha denominado el sistema mixto de juzgamiento en donde se fortalecen las facultades del juzgador, entre las que se incluye la posibilidad de descubrir  la verdad mediante la posibilidad de la prueba oficiosa[3], para cuyo efecto el proceso como tal ya no es considerado solamente como una lucha entre dos adversarios, sino que se lo concebirá como el mecanismo por el cual se debe buscar la única solución legal al caso, tomando como fundamento la verdad objetiva, de allí que el juez esté vinculado o comprometido con la sociedad para ese descubrimiento de la verdad OBJETIVA. Esto hace en consecuencia, que los intereses de las partes procesales, como intereses privados que son, y el interés del estado en encontrar esa verdad objetiva, como interés público, puedan coexistir en el sistema procesal.
Esta última concepción del principio dispositivo implica en su materialización pragmática que las partes procesales  tienen absoluta facultad para la iniciación de un procesamiento, pero una vez iniciado el mismo, el impulso procesal le corresponde al juez. Este principio es lo que actualmente conocemos como celeridad según nuestro ordenamiento jurídico vigente.
El principio de celeridad implica que una vez iniciado el proceso por iniciativa de la parte interesada, este se desenvuelve por la iniciativa propia del juez, pues es él quien representa al Estado y a su Función Judicial, y promueve en consecuencia los actos procesales necesarios para que el proceso siga su marcha hasta la conclusión y resolución del litigio planteado o como diría Montero Aroca en hacer avanzar el proceso “de una fase a otra en la dirección que conduce a la sentencia”. Este principio está configurado de forma tal que se intenta evitar que el proceso quede a voluntad de las partes, es decir que la continuación del mismo dependa exclusivamente de los justiciables, lo implica a su vez una nueva capacidad de actuación del juzgador quien debe evitar la violación de derechos constitucionales severamente protegidos por el ordenamiento jurídico como son la tutela judicial efectiva y el debido proceso, en su componente de plazo razonable.

Por esa razón es que Vidal Fernández[4] concluye que:

En virtud del juego del principio de impulso oficial, y una vez iniciado el proceso por la notificación de la demanda, no es necesario que las partes insten continuamente el curso del proceso para que los jueces observen y hagan observar los términos legalmente establecidos. Transcurrido un término se tiene por caducado de derecho y por perdido el trámite o recurso que hubiera dejado de utilizarse (por la preclusión). (p. 16)
El principio del impulso oficial está reconocido y regulado expresamente en la legislación ecuatoriana bajo la nomenclatura de principio de celeridad, según consta de la redacción de los artículos 20 y 130 del Código Orgánico de la Función Judicial, en los que se consigna expresamente la obligación del juez de continuar con la tramitación del proceso, dentro de los términos legales, sin esperar la petición de continuación del mismo.
Ahora bien, así establecida la regulación de estos dos principios, el Código Orgánico General de Procesos COGEP, publicado en el Registro Oficial número 506, del viernes 22 de mayo del 2015, establece en su artículo 5 que corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, en base al principio dispositivo, lo cual contradice totalmente la expresión constitucional de este principio, en primer lugar, y luego compromete la validez y eficacia del principio de celeridad, dando lugar al establecimiento de una antinomia que causa severos perjuicios a la actividad del juzgador y aún más, se pone en discusión la conceptualización de la Constitución como norma jurídica, en los estados estructurados como constitucionales. En efecto, la existencia de un estado constitucional implica que la ley deja de ser la piedra angular del ordenamiento jurídico y en su lugar todo el epicentro normativo se encuentra centrado en la Constitución, a la cual se le reconoce  naturaleza programática,  fuerza vinculante y  superioridad normativa puesto que es el límite de validez formal y material de las normas infra constitucionales que dicte el legislador, lo que implica que la libertad de configuración normativa de los legisladores o asambleístas no sea absoluta sino restringida a los contenidos de la propia Constitución.

Según Guastini[5]  la antinomia “se presenta en un  sistema jurídico cada vez que un caso concreto es susceptible de dos diversas y opuestas soluciones con base a normas presentes en el sistema” (p. 437), es decir, por antinomia se puede entender el choque o colisión de dos normas jurídicas, no de dos artículos, que se excluyen mutuamente puesto que la aplicación de la una implica necesaria y obligatoriamente la eliminación de la otra y viceversa.



[1] Alsina, Hugo. (1963). Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Buenos Aires: Ediar Editores. P. 101

[2] Montero Aroca, Juan. (2006).  Proceso Civil e Ideología.  España: Tirant lo Blanch. P. 304.
[3] COGEP. “Artículo 168.- Prueba para mejor resolver. La o el juzgador podrá, excepcionalmente, ordenar de oficio y dejando expresa constancia de las razones de su decisión, la práctica de la prueba que juzgue necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Por este motivo, la audiencia se podrá suspender hasta por el término de quince días.”

[4] Vidal Fernández, B. (2012). Introducción al Derecho Procesal
[5] Guastini, Ricardo (1999). Antinomias y lagunas Jurídicas. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 29. P. 437 a 450.

ABUSO DE CONFIANZA



A Sebastián y Olek…


El abuso de confianza es un  tipo penal que se encuentra dentro de las defraudaciones, es decir de aquellas lesiones patrimoniales producidas por fraude, de manera que estas son el género y tiene como especies,  la estafa o el abuso de confianza. Se trata de una infracción en donde se puede notar claramente el abuso de una relación jurídica  lícita preexistente entre el autor con la víctima, en la cual el sujeto pasivo entrega la cosa con su voluntad libre, y luego el sujeto activo abusando de la buena fe que le ha sido dispensada, lo despoja de sus bienes.


El Maestro Edgardo Donna[1] sobre el tipo en cuestión establece que “Por confianza se entiende "la fe, la seguridad que se deposita en alguien y en cuya virtud se omiten, respecto de esa persona, las precauciones y cuidados habituales", de modo que "abusa de la confianza la persona que, siendo objeto de esa fe o seguridad, y valiéndose precisamente de ella, perjudica patrimonialmente a quien le honró con aquella confianza. Pero aquí no se debe perder de vista que el abuso de confianza no opera como modalidad autónoma de defraudación sino como una forma más de ardid o engaño,
por lo que dicho abuso "constituirá ardid solamente cuando la confianza sea el resultado intencionalmente procurado para abusar de ella". Moreno sintetiza qué es el abuso de confianza cuando afirma: "La confianza equivale a la seguridad que se tiene en otra persona, con respecto a la cual no se toman precauciones porque se deposita fe en la misma. El que abusa de esa confianza que se tiene a su respecto aprovecha las facilidades con que no cuentan la generalidad de los individuos. La confianza es, así, un vínculo particular. Cuando la víctima ha abandonado sus intereses o no los ha cuidado no puede decirse que haya hecho confianza, sino que ha incurrido en negligencia"

Según la doctrina varios son los elementos  deben concurrir para la existencia del  tipo penal en cuestión:
a.- La apropiación de cosa mueble ajena;
b.- Que el objeto apropiado lo haya recibido el sujeto por obra de la confianza en él depositada o por razón de un título no traslaticio de dominio;
c.- Que la apropiación le produzca un lucro personal al agente o a un tercero.
El delito de abuso de confianza es un tipo penal  de comisión instantánea, ello en razón de que se consuma en el momento mismo en que el agente efectúa un acto externo de disposición de la cosa o de incorporación de ella a su patrimonio con ánimo de señor o dueño, esto es, con el denominado “animus rei sibi habendi[2]” o, como otros expresan, cuando procede “uti domine”

El abuso de confianza como delito consumado en el instante en el cual se exterioriza la apropiación guarda coherencia con el sistema penal y la teoría del delito, la cual no sólo se ocupa de analizar las exigencias que han de concurrir para poder calificar un hecho como delito y poder imponer responsabilidad penal a un sujeto.

Imputación objetiva.

Según la teoría de la imputación objetiva un resultado es objetivamente imputable a un sujeto cuando el sujeto ha creado un riesgo típica o penalmente relevante  que se realiza en el resultado:

a.- Con su acción, dolosa o imprudente, ha creado un riesgo penalmente relevante  que supera las fronteras del riesgo permitido;

b.- Es ese riesgo el que se ha realizado en el resultado, o lo que es lo mismo, en el resultado se ha realizado el riesgo que la norma de cuidado infringida por el sujeto tenía por misión evitar.

En el abuso de confianza la imputación al tipo subjetivo no sólo procede una vez verificada la del tipo objetivo, sino además se predica única y exclusivamente de aquellos actos que integran su realización. Sobre lo primero es importante recordar  que el tipo objetivo se refiere, entre otras cuestiones, a la conducta que realizó el sujeto activo (Tipo doloso de acción, Tipo imprudente de acción, Tipo doloso de omisión, Tipo imprudente de omisión, al Sujeto activo, Sujeto pasivo; Objeto material; Bien jurídico protegido; Víctima y Perjudicado); y, en su caso, a la necesidad de que se genere un resultado y su nexo con la conducta (relación de causalidad e imputación objetiva). Sobre lo segundo, es preciso señalar que los actos anteriores a la apropiación en el abuso de confianza no constituyen riesgos jurídicamente desaprobados o no permitidos para efectos de la protección del bien jurídico del patrimonio económico, en la medida en que correspondan a conductas aceptadas y regulada por el orden jurídico, por lo tanto, no son parte de la realización del tipo ni tampoco corresponden al inicio de la conducta punible los pensamientos, estados de ánimo o intensiones lascivas que tenga el sujeto activo y que no sean concretadas en la conducta penalmente relevante,  pues de lo contrario se llegaría a un intolerable derecho penal de autor.

Imputación subjetiva
En términos de imputación subjetiva  es tradicional que el dolo sea definido como querer y conocer los elementos descritos en el tipo penal. El sujeto sabe lo que hace y quiere hacerlo.  En consecuencia, el dolo, en tanto se refiere al conocimiento y la voluntad de todos los elementos que constituyen el tipo objetivo, se demuestra valorando aquellos datos, precisamente objetivos, que rodean la realización de la conducta.  La prueba relativa al ingrediente cognitivo y volitivo del dolo,  puede deducirse de los mismos actos de naturaleza objetiva que constituyen la acción objeto de estudio del juzgador, pero también de circunstancias ocurridas antes o después de ésta, en todo caso, analizadas mediante criterios normativos y no tendientes a descubrir datos psicológicos en el agente, siempre y cuando guarden directa relación con la situación típica y, por lo tanto, no constituyan derecho penal de autor.


Dr. Giovani Criollo Mayorga
montecrhisto@gmail.com


[1] EDGARDO ALBERTO DONNA.  DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL. Tomo II-B
[2] La expresan latina significa: “la intención de tener una cosa como de su propiedad o hacerla suya, por parte de quien entra en posesión de ella.” 

Error Inexcusable: El estándar de la CIDH



A Olek y Sebas…

Dr. Giovani Criollo Mayorga.
montecrhisto@gmail.com


La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido sobre el error inexcusable que este se  “….relaciona con decisiones i) absurdas, esto es sin ninguna fundamentación razonable, ii) cuya aplicación tiene graves efectos y iii) donde la aplicación e interpretación del derecho resulta manifiestamente arbitraria.”[1]

En verdad se trata de un concepto jurídico indeterminado que requiere en cada caso particular ponderar la actitud de un juez normal y de acuerdo a ello y a las características propias de la cultura jurídica de cada país, establecer el carácter inexcusable del funcionario judicial, por eso se dice que comete error inexcusable cuando el juzgador pone de manifiesto, sin mayor dificultad, que carece de la formación jurídica imprescindible para desempeñar con idoneidad la elevada función de juzgar[2].

“En suma, en vista de lo señalado para la Comisión un régimen disciplinario sólo estará establecido de manera compatible con los estándares de derecho internacional cuando verifique el principio de legalidad tanto en las causales disciplinarias como en las sanciones a aplicar y el procedimiento a seguir. En el marco del sistema de peticiones y casos la CIDH ha considerado violatorio de la Convención Americana situaciones en las cuales se han destituido operadores de justicia en ausencia de una regulación legal del marco procesal disciplinario aplicable y ha subrayado que dicha ausencia puede dar lugar a actuaciones arbitrarias de abuso de poder, con repercusiones directas en los derechos al debido proceso y a la legalidad.”[3]

Garantías para el sumario disciplinario.

Al tratarse, el procedimiento administrativo sancionador de una especie del IUS PUNIENDI o poder punitivo del Estado, el cual se manifiesta también en la potestad disciplinaria, debe ser respetuoso del derecho fundamental del debido proceso y también de los principios propios del Derecho Penal Material como son, por ejemplo, los principios de inocencia, de legalidad, de tipicidad, de las infracciones y sanciones administrativas; de proporcionalidad de las sanciones, de irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables  y retroactividad de las normas sancionadoras favorables, de culpabilidad, del NON BIS IN ÍDEM, de igualdad, de necesidad de procedimiento; y, a estos principios han de sumarse los principios establecidos en el Artículo 8. 2  y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La obligatoriedad de respetar los principios del Derecho Penal Material y de aplicar los Artículos 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos en los sumarios disciplinarios adelantados contra los funcionarios judiciales ha sido reconocido en dos importantísimas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen, la aplicación de las garantías del derecho penal al procedimiento administrativo sancionador, así tenemos: en el caso AGUIRRE ROCA, REY TERRY Y REVOREDO MARSANO vs. PERÚ, (sentencia de 31 de enero del 2001) y  el caso BAENA RICARDO Y OTROS vs. PANAMÁ (sentencia de 2 de febrero de 2001).

En Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue contundente en afirmar que las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, son también de aplicación a todo procedimiento, incluyendo el sancionatorio. Añadió que pese a que la norma en análisis las considera como “garantías judiciales”, las mismas deben entenderse aplicables a cualquier instancia procesal dirigida a la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, por lo que en todas esas áreas el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal. Dice, en lo que interesa, dicha sentencia:

“68. El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención.

69. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.

70. Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal”.

En el caso Baena Ricardo y otros vs Panamá (sentencia de 2 de febrero de 2001), la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que las garantías contenidas en el Artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pese a estar dispuestas para la materia penal, son también de aplicación a todo procedimiento sancionatorio administrativo, en cuanto estas forman parte del poder punitivo del Estado, destacándose entre dichas garantías los principios de legalidad y retroactividad, en los mismos términos y condiciones dispuestos para la materia penal. Expresa dicha sentencia:

“106. En relación con lo anterior, conviene analizar si el Artículo 9 de la Convención es aplicable a la materia sancionatoria administrativa, además de serlo,  evidentemente, a la penal. Los términos utilizados en dicho precepto parecen referirse exclusivamente a esta última. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita. Asimismo, en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste. Estos son los fundamentos de los principios de legalidad y de irretroactividad desfavorable de una norma punitiva.”

El objeto del control disciplinario para la CIDH.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto establece que:

“… EL CONTROL DISCIPLINARIO TIENE COMO OBJETO VALORAR LA CONDUCTA, IDONEIDAD Y DESEMPEÑO DEL JUEZ COMO FUNCIONARIO PÚBLICO Y, POR ENDE, CORRESPONDERÍA ANALIZAR LA GRAVEDAD DE LA CONDUCTA Y LA PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN. EN EL ÁMBITO DISCIPLINARIO ES IMPRESCINDIBLE LA INDICACIÓN PRECISA DE AQUELLO QUE CONSTITUYE UNA FALTA Y EL DESARROLLO DE ARGUMENTOS QUE PERMITAN CONCLUIR QUE LAS OBSERVACIONES TIENEN LA SUFICIENTE ENTIDAD PARA JUSTIFICAR QUE UN JUEZ NO PERMANEZCA EN EL CARGO.”[4]

Desde el punto de vista práctico  de los sumarios disciplinarios estos se han caracterizado  por la existencia de causales disciplinarias amplias o ambiguas que se prestan a ser interpretadas de manera discrecional por laS autoridades a cargo de los procesos, por esa razón:
“La Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) observa que para el caso de las y los jueces existen causales tales como “atentar contra la dignidad del Poder judicial”; “proferir expresiones irrespetuosas” “ejecutar actos graves de inmoralidad durante las horas de servicio” u “observar mal comportamiento o mala conducta” o “cualquier otra acción que represente conducta personal o profesional inapropiada”. Igualmente respecto de fiscales, defensoras y defensores públicos, en algunas de las legislaciones se señalan como faltas graves realizar “actos de notoria inmoralidad” o “actos indecorosos” u “ofender a sus superiores jerárquicos”, “atentar, amenazar o lesionar la ética pública y la moral administrativa”, “fomentar o inducir la anarquía”, o tener “conducta desordenada e incorrecta que lesione el prestigio de la institución”. Este tipo de causales generan incertidumbre y falta de previsibilidad sobre la consulta sancionada y son contrarias al principio de legalidad.”[5]
Esta práctica violenta el principio de  INTIMACIÓN, el cual implica que toda persona tiene derecho a que se le instruya (informe) sobre los hechos que se le atribuyen, incluso a manera de presunción. Equivale al conocimiento de la acusación, desde el primer momento, incluso antes de la iniciación del  proceso en su contra.; y, el principio de  IMPUTACIÓN, es decir, el derecho a una acusación formal, descriptiva, precisa y detallada del hecho, incluyendo además, una clara calificación legal, señalando los fundamentos de derecho de la acusación. Se relaciona con la individualización del sujeto investigado, para lo cual se requiere una descripción detallada, precisa y clara del hecho de que se le acusa y hacer una clara calificación legal del mismo, señalando los fundamentos de derecho de la acusación.
La importancia del principio de congruencia en el procedimiento administrativo sancionador, lo ha determinado la jurisprudencia argentina de forma muy clara cuando ha manifestado, el Tribunal de Justicia de Córdova, en la sentencia N° 37 "Ardanaz, Gabriela Irene c/ Provincia de Córdoba. Plena Jurisdicción. Recurso de Apelación" (Expte. Letra "A", N° 07, iniciado el cuatro de mayo de dos mil uno), que:

“13.- Esta Sala, en anteriores precedentes (Sentencias Nro. 173/2001 "Iachín..." y Nro. 11/2005 "Binda La Spina..."), ha tenido oportunidad de señalar que la correcta acusación, como acto inicial del procedimiento, resulta esencial porque permite al acusado conocer los hechos presuntamente irregulares que se le atribuyen a fin de que formule su descargo, además constituye el presupuesto indispensable para que pueda observarse el principio de congruencia. En tal tesitura, es menester destacar que constituye una doctrina sustentada por este Tribunal Superior de Justicia, que se ha fortalecido por su continuo seguimiento, que la imposición de una sanción administrativa presupone el respeto ineludible del principio fundamental del debido proceso y del derecho de defensa (vid Sala Contencioso Administrativa, Sentencias Nro. 12/1996 "Esteban... ", Nro. 203/1999 "Ríus...", Sent. Nro. 48/2000 "Zeverín...", entre muchas).

14.- Desde esta perspectiva axiológica, el procedimiento administrativo constituye siempre una garantía jurídica, carácter que adquiere especial importancia cuando se trata del trámite actuado con el objeto de imponer una sanción administrativa, puesto que, la Administración no puede sancionar sin la previa instrucción de un procedimiento encaminado a comprobar la infracción, que respete el principio axiológico fundamental del debido proceso adjetivo y la defensa del ciudadano, consagrados en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 23 inciso 13, 39 y 40 de la Provincial de 1987. La ponderación de la real restricción al pleno ejercicio del derecho de defensa por parte del administrado acusado de la comisión de una falta administrativa, como así también de la estricta observancia de las reglas que en cada caso particular salvaguardan la garantía del debido proceso adjetivo, no pueden llevarse a cabo con alguna ligereza o superficialmente, sino que corresponde profundizar el examen objetivo y contextual de todas las circunstancias acreditadas desde el inicio mismo del trámite sancionatorio. En esta orientación se pronuncia autorizada doctrina, cuando se refiere a la acción acusatoria de la Administración en la tramitación del expediente, resaltando que: "...Es a partir de ese momento, cuando la Administración queda vinculada a los hechos que se imputan, sin que quepa posteriormente proceder a una sanción por hechos distintos de los imputados..." (Castillo Blanco, Federico A., "Función Pública y Poder Disciplinario del Estado", Editorial Civitas, Madrid 1992, pág. 455). La trascendencia que adquiere la acusación para el inobjetable ejercicio de la potestad sancionatoria, ha sido incluso reiteradamente puesta de relieve por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando señala que: "Las garantías del debido proceso y la defensa en juicio exigen que la acusación describa con precisión la conducta imputada, a los efectos de que el procesado pueda ejercer en plenitud su derecho a ser oído y producir prueba en su descargo, así como también el de hacer valer todos los medios conducentes a su defensa..." (Fallos 290:293; 297:134; 298:308; 306:467; fallo del 18/04/1989 "Crudo, Alberto..."; 01/09/1992 E.D. 151:147, con notas de Sinópoli, Santiago M. y Bidart Campos, Germán J.). Es que en el marco del debido proceso legal, el acto por el cual se instruye el sumario o un procedimiento sancionatorio especial, trasunta una actuación formal por el cual la Administración formula el cargo, fijando de tal modo su posición acusatoria respecto del supuesto autor de la falta acusada. Debe expresarse concretamente cada uno de los hechos imputados y en principio, no basta la referencia incompleta de los mismos ni la genérica cita legal que los englobe; es preciso que se determine en forma clara y puntual, cuál es la conducta imputada, la que debe  hallarse individualizada en sus particulares circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ese recaudo procedimental concuerda con el principio de congruencia ya que la sanción no puede basarse en extremos fácticos diferentes a aquellos que fueron objeto de la imputación, sino que debe existir correlación entre los cargos y la resolución sancionatoria; de allí la importancia de esclarecer los hechos imputados.”

Potestades Jurisdiccionales.
Bajo nuestro sistema, según el art. 115 del Código Orgánico de la Función judicial, así como en el estándar internacional establecido en la CIDH, está totalmente proscrito sostener la potestad disciplinaria en cuestiones de carácter jurisdiccional. Sobre este aspecto:

“La CIDH reitera que está prohibido por el derecho internacional establecer como causal disciplinaria actuaciones relacionadas con el juicio o criterio jurídico desarrollen las y los operadores de justicia en alguna de resolución. La Comisión destaca que es fundamental tener claridad en que, por un lado se encuentran los recursos de apelación, casación, revisión, avocación o similares, cuyo fin es controlar la corrección de las decisiones del juez inferior; y por otro, el control disciplinario, que tiene como objeto valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público. La distinción entre estos dos procedimientos es esencial para garantizar la independencia, de tal manera que el desacuerdo del superior con una interpretación no puede, en forma alguna, transformarse en causa para promover sanciones disciplinarias.”

 “La Comisión indico que en el presente caso ocurrió una diferencia razonable y razonada de interpretaciones jurídicas posibles sobre una figura procesal determinada, razón por la cual la destitución por error judicial inexcusable (…) resulta contraria al principio de independencia judicial pues atenta contra la garantía de fallar libremente en derecho. En este sentido los magistrados no fueron juzgados por su conducta disciplinaria sino por la interpretación jurídica que adoptaron en el fallo”.(CIDH. Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela).


[1] CIDH: Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182,

[2] Casal Hernández Casal H., Jesús María Casal H. 2008. Los derechos humanos y su protección: estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales. Venezuela: Universidad Católoca andres Bello. p. 310.

[3] Inter-American Commission on Human Rights.  2013. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. P. 91.

[4]  Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 120.
[5] Inter-American Commission on Human Rights.  2013. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. P. 91.