EL DILEMA DEL PROCESADO EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

EL DILEMA DEL PROCESADO EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Dr. M.Sc. Giovani Criollo Mayorga.

Profesor de Pregrado y Posgrado de la

Universidad Tecnológica Indoamérica en la cátedra de

Resolución Alternativa de Conflictos.

Mediador del Centro de Mediación del

 Ilustre Colegio de Abogados de Pichincha

montecrhisto@gmail.com

La aplicación de los denominados “innovadores modelos de gestión” de los conflictos penales ha puesto nuevamente en discusión los puntos de inflexión del sistema de negociación de la pena y de la culpabilidad en nuestro país, por cuanto los mismos traen consigo instituciones propias de la época inquisitiva en donde la forma de construir la verdad procesal no era la más racional ni tampoco la más respetuosa de los derechos del ser humano sometido al aparato coercitivo estatal. Así lo demuestra Michael Foucault en su obra “Vigilar y castigar”, donde pone de relieve no solo las miserias del proceso inquisitivo y la creación del derecho penal como un derecho de protección de clases, sino también que deja en claro que una de las grandes construcciones teóricas de la época medieval fue la de las “infracciones.”

La expropiación del conflicto por parte del estado, siguiendo la teoría del maestro argentino Zaffaroni, teoría que es compartida por Binder y por Iñaki Anitua, explica en adecuada forma como la línea de solución de los conflictos (horizontal en su origen) fue modificada drásticamente hasta el punto mismo de ser totalmente verticalizada, siendo consecuencia de aquello que la infracción a un individuo ya no era más la infracción a su par sino que esta constituye una infracción al monarca. A este andamiaje se sumó, desde 1215, la inquisición como un mecanismo epistemológico para descubrir la verdad, basado en la confesión (por esa era llamada la regina probarum), puesto que la única forma de obtener la verdad verdadera  era a través de aquella. La forma de obtener tal confesión era mediante lo que Langbein denomina la “ley de la tortura”, es decir en pocas palabras mediante un procedimiento coercitivo.

Ahora bien, las posibilidades de negociación con la fiscalía previstas en nuestro rito penal, también constituyen, aunque se afirme lo contrario, un mecanismo coercitivo: el procesado para conseguir una pena reducida debe admitir “el hecho fáctico que se le atribuye” si quiere acogerse al procedimiento abreviado. A cambio de esta conducta del procesado es que se puede acordar con el fiscal “la pena que propondrán al tribunal de garantías penales.”. A este respecto vale la pena anotar la definición de procedimiento abreviado dada por el Consejo Consultivo de la Función Judicial, quien manifiesta en su Política No. 001  denominada “Aplicación de salidas alternativas al conflicto penal”, que “El procedimiento abreviado es una alternativa al juicio penal ordinario, el cual supone un acuerdo entre el procesado y el fiscal, en virtud de que el primero admite el hecho fáctico que se le atribuye y consiente en someterse a este procedimiento y, el segundo, solicita la imposición de una pena conforme a lo dispuesto en los artículo 369 y 370 del Código de Procedimiento Penal”.

Esta definición trae consigo varios elementos que debe ser revisados aunque sea de forme breve: cuando se menciona que el procedimiento abreviado es una “alternativa al juicio penal ordinario” estamos dejando de lado el resguardo constitucional de un proceso adjudicatario de culpabilidad y adoptamos, en cambio, el proceso consensual de culpabilidad. Dicho en otros términos, es más fácil que la culpabilidad del procesado sea conseguida por su “admisión” o mejor dicho por su confesión, que dicha culpabilidad sea declarada en el juicio correspondiente. Y esto se lo consigue  a través de la negociación de la pena. Desde otra perspectiva el término “alternativa” da la idea de que uno puede escoger libremente entre varias opciones, no obstante aquello la forma como se encuentra configurado el procedimiento abreviado, desde el punto de vista material, impide que se pueda hablar de esa alternativa: la posibilidad de negociar la pena es en verdad una oferta realizada por el estado de forma coercitiva que le permite “ahorrar” los costes económicos del proceso penal a costa de los derechos y garantías del procesado.

A continuación se menciona en la referida Política No. 001 que el procedimiento abreviado supone un “acuerdo entre el procesado y el fiscal”. El término “acuerdo” nos remite a la definición del contrato prevista en nuestro Código Civil, definición que se confunde a su vez con la de “convención”.  Parecía ser entonces que lo que en verdad ocurre dentro del proceso abreviado es un contrato – convención en el cual las partes se comprometen a una prestación. En la teoría de las obligaciones  se menciona insistentemente que debe haber un equilibrio entre las partes contratantes, pero, en el caso del “acuero” entre el procesado y el fiscal, podemos hablar de igualdad material?. La respuesta es por supuesto negativa: no se puede hablar de igualdad cuando la persecución penal está encabezada por la fiscalía y secundada por una infinidad de agencias del estado que consolidan el desequilibrio, a ellas debe sumarse las medidas cautelares del procedimiento penal. Por ello mismo es que pueden existir cláusulas “exorbitantes” en el referido acuerdo las cuales por su puesto no perjudicarán sino al procesado. Pero adicionalmente a ello, la idea de un acuerdo entre procesado y fiscal, cuando existe de por medio una admisión de cuestiones fácticas por parte del primero y mayor benevolencia en cuanto a la pena, por parte del segundo, no parecer ser el mecanismo lo suficientemente óptimo para permitir que la autonomía de la voluntad, la autodeterminación y la libertad contractual del procesado se encuentren inmaculados. Adicionalmente, si el procesado está sometido a una medida cautelar, como la prisión preventiva, no podría  jamás hablarse de ese “acuerdo”. Para concluir con esta breve observación debemos destacar que el procedimiento penal es coercitivo por su naturaleza y esa coerción es parte del ius puniendi estatal.

El procesado debe “admit(ir) el hecho factico que se le atribuye”. En el plea bargainig del sistema anglosajón existen varias posibilidades de negociar: una primera opción es SOBRE LOS CARGOS (cuando existen varios cargos se desestima alguno o algunos de ellos  y a cambio el imputado se declara culpable en otro; cuando existe un solo cargo se desestima la imputación del delito más grave pero se debe declarar culpable del delito menor); SOBRE LOS HECHOS (se seleccionan los hechos que se tiene por acreditados a cambio de la declaración de culpabilidad); se puede admitir la pena pero no la culpabilidad (declaración NOLO CONTENDERE), o también el imputado acepta la pena aunque es inocente en verdad (declaración ALFORD); se puede negociar sobre LOS CARGOS Y LOS HECHOS y la pena es fijada por el tribunal; se puede negociar LA CONDENA (menos condena por declaración de culpabilidad); y, se puede negociar los HABEAS BARGAINIG (el imputado intercambia sus habeas rights o derecho de recurrir a la detención ilícita por menor pena). En nuestro sistema, que en verdad no es sino el “trasplante” del plea-bargainig del modelo anglosajón, la admisión de los hechos no debería necesariamente determinar la admisión de la culpabilidad porque eso implicaría recurrir a la confesión del procesado. La admisión del hecho fáctico puede determinar que se trate materialmente de una confesión que rompería el resguardo constitucional del NEMO TENETUR SE IPSE ACCUSARE. Aunque se diga lo contrario, el “fraude de etiquetas” no debe ocultar que la valoración jurídica que se realiza de esa admisión es como la que se efectúa una verdadera confesión tal como lo señala el maestro Alberto Bobino. Desde otro punto de vista ha de tomarse en cuenta la forma coercitiva como se realiza esa admisión, vale decir que lo criticable desde la norma constitucional viene a constituir no solo la ruptura del resguardo en cuestión sino también la posibilidad de obtener menor pena: “…lo cierto es que, como veremos, esta ‘voluntariedad’ es producto de la puesta en funcionamiento, por parte de los agentes estatales de la persecución penal, de un mecanismo que les permite salir a la búsqueda de esa confesión. En otras palabras, no es el acusado el que viene a reconocer su falta sin que nadie lo invite a ello, sino el Estado el que sale a buscar ese reconocimiento por medio de una oferta.” Otro asunto que merece ser aunque sea enunciado es que ocurre si una vez admitidos los hechos fácticos que se le imputan al procesado, el tribunal de garantías penales decide devolver el expediente al juez de garantías penales por cuanto se ha verificado que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad del procedimiento abreviado? La “admisión” realizada por el procesado tiene validez jurídica?

Cuando el procesado “consient(a) en someterse en ese procedimiento” se deja en claro, por una parte, que la presunción de inocencia como garantía constitucional no ha sido lo suficientemente eficaz puesto que cuando se acuerda una culpabilidad “…los representantes del estado no tuvieron la capacidad, el tiempo o el interés de ratificar o no el estado de inocencia que ostenta toda persona.”; y, por otra, que la coerción del estado ha sido lo suficientemente grave como para incidir negativamente en la voluntad del procesado. Bruzzone a  este respecto indica que para compensar lo coactivo de la situación del procesado se debe cumplir con varios requisitos: a.- El procesado debe gozar de libertad; b.- El procesado debe tener autodeterminación; c.- El procesado debe tener un abogado defensor capaz de llevar adelante su defensa; c.- La conformidad debe ser efectuada en un lugar adecuado luego de la explicación realizada por su defensor del alcance y los todos los efectos de la “confesión”.

Estas apreciaciones nos permiten concluir que el procesado se encuentra en un dilema: “se queda sentado a la espera de que pueda o no confirmarse la presunción de su inocencia, con los riesgos que ello implica, en el medio de un sistema coercitivo por naturaleza, o acepta una de esas reglas coercitivas y decide resolver el conflicto de la manera más rápida y más económica que encuentra posible.”