Año 3. Edición número 140. Domingo 23 de enero de 2011
Roberto Bergalli es doctor en Derecho por la UBA y por la Universidad de Salamanca. Se fue al exilio en 1977.
Otras notas
El criminólogo argentino, residente en España, opina sobre seguridad pública, sistema penal y el rol de los medios masivos de comunicación
Bergalli es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UBA y en Derecho por la Universidad de Salamanca. Fue un activo miembro del movimiento universitario, a mediados de los ’60. Eso le valió la renuncia a su cargo de profesor asistente en junio del ’66, un mes antes de la Noche de los Bastones Largos, cuando el onganiato descargó su furia contra las universidades. Ese mismo año trabajaba como juez de instrucción: tampoco le resultó fácil, por las “habituales confrontaciones con la policía y con otros jueces extremadamente reaccionarios”. Tomó una decisión: “Marché hacia el Reino Unido y luego a Italia. Tuve un breve regreso en el período del gobierno democrático de Cámpora. Después fui a la República Federal de Alemania.” Bergalli retornó a su país a comienzos de 1976. No era un buen momento: fue secuestrado un mes después del golpe del 24 de marzo. Estuvo a disposición del Poder Ejecutivo y jamás fue procesado. Pudo salir de la cárcel un año después, en 1977, gracias a la presión y la mediación de los gobiernos alemán e italiano, y a varios de sus profesores en aquellos países. Se fue al exilio, como tantos otros.
En Europa hizo una respetable carrera académica. Ahora está jubilado, pero hasta hace poco era profesor del departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad de Barcelona, España. Allí coordinó la especialidad en Sociología Jurídico-Penal, del doctorado en Derecho. También fue codirector del Programa de Justicia Criminal y Criminología Crítica que se desarrolla entre siete centros universitarios europeos. Su largo CV cuenta con diplomas de universidades de Reino Unido, Italia y Alemania y una larga lista de libros publicados, como autor y compilador. Miradas al Sur lo contactó para hablar de la que parece, según muchas encuestas, la principal preocupación de los argentinos: la “inseguridad”.
–Si se miran las estadísticas, la Argentina ostenta los índices delictuales más bajos de todo el continente. La sensación de inseguridad es muy alta. ¿Por qué?
–Parecería que la percepción de inseguridad por una sociedad, o parte de ella, estuviese directamente relacionada con el índice de los delitos que se cometen. Esta ecuación inseguridad-producción de delitos me parece demasiado simplista. Las personas no se sienten inseguras por temor al delito, únicamente. Hay muchas otras situaciones de la vida social que impulsan esa percepción. Si se carece de puesto de trabajo, no se dispone de coberturas sociales (servicios médicos, acceso a la vivienda, poder enviar los niños a la escuela, previsión de jubilación o pensiones por invalidez, se pierden o no se alcanzan relaciones que transmitan serenidad y estabilidad) entonces los seres humanos extraviamos toda sensación de seguridad. Claro está, hay que aclarar con énfasis que la denominada inseguridad no es la única y solamente asociada con la seguridad de los bienes y de las personas que miden los registros o estadísticas policiales.
–El jurista Alberto Binder dijo que la sensación de inseguridad es, más que nada, “una crisis de desconfianza de la acción del Gobierno, más que una crisis marcada por el aumento de la criminalidad”. ¿Cree que es así?
–Posiblemente pueda padecerse de “desconfianza”, pero yo no me animaría a pensar en una “crisis de desconfianza”, sino más bien en una “crisis de confianza”, siempre que se deposite fe o esperanza en la acción de gobierno para afianzar seguridad.
–Algunos sectores de la sociedad suelen apelar a la “mano dura” o a la represión cada vez que los problemas de seguridad se instalan en las pantallas de tevé o en las tapas de los diarios. ¿Por qué se insiste con implementar esa acciones que, se comprobó, no bajan el delito?
–Los problemas de inseguridad no se solucionan solamente con la “mano dura”, si aquella sensación no está únicamente asociada a la preservación de los bienes y de la integridad física de las personas. Por tanto, apelar exclusivamente a la represión es una propuesta simplona y facilista.
–La tasa de homicidios de la Argentina es la cuarta más baja del continente. Pero muchos analistas hablan de un aumento de la violencia en determinados delitos. ¿Puede ser que haya menos delitos, pero que éstos sean más violentos?
–Ciertamente, es posible que se produzcan menos delitos aunque éstos sean más violentos. Pero atención con el concepto de “violencia”: no siempre debe asociarse a la fuerza física ejercida por los autores de hechos punibles. Téngase en cuenta que un despojo mediante un delito de inteligencia (estafas, defraudaciones, extorsiones, coacciones) constituye, igualmente, un delito violento, una acción violenta que se realiza “contra el natural modo de proceder”.
–En la Argentina está instalada la idea de que toda muerte violenta es consecuencia de robos o asaltos, pero las dos terceras partes de las víctimas fatales se producen en el marco de los fenómenos de la llamada “violencia intramuros”: entre parejas, familiares, conocidos o vecinos.
–Así debe ser, tal como se afirma explícitamente. Pero, ¿y la violencia de las muertes en los lugares de trabajo, o las víctimas de accidentes de tránsito automotor, grandes percances en la celebración de eventos deportivos, de diversión o esparcimiento, no constituyen también actos violentos los que, por lo demás, se generan por ausencia o debilidad de los controles públicos?
–El juez de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni dijo hace poco en estas páginas que “no se invierte un peso en hacer investigación de campo, investigación criminológica dirigida a la prevención”. ¿Cuán importante es elaborar estadísticas serias sobre el crimen?
–Si la “investigación criminológica” que auspicia el juez Zaffaroni va a ser meramente cuantitativa, entonces las estadísticas han de ser indudablemente “serias”. Es decir: no debe dejarse su confección únicamente a los cuerpos policiales. Corresponde que en esa tarea intervengan estadígrafos de profesión y oficio. Pero, si la investigación criminológica es asimismo “cualitativa”, entonces el valor que las estadísticas pueden aportar es de complemento y el aporte que pueden prestar para la prevención de delitos es relativa, aunque pueden ser útiles para considerar los cambios o transformaciones acaecidos en la evolución de la criminalidad.
–¿Cuál es la distancia real entre la criminalidad y la sensación de inseguridad?
–La inseguridad es una sensación y la criminalidad es el conjunto de hechos (acciones u omisiones punibles) adecuados a figuras delictivas, tipificadas en las leyes y códigos penales. Lo dicho más acá, de no aceptar la idea de “distancia real”, pues al no existir el concepto ontológico de realidad, éste se corporiza después de un proceso de construcción social. No habría distancia real, sino construida.
–El sociólogo Marcelo Saín dijo en una entrevista reciente que el “progresismo tiene una visión muy maricona de lo que es la seguridad pública”. ¿Hay una incapacidad de sectores progresistas en diseñar políticas de seguridad?
–Naturalmente que rechazo el adjetivo. Es inaceptable como expresión, aunque fuera coloquial. Por lo demás, ¿de dónde se extrae que los llamados sectores progresistas fueran incapaces de diseñar o proponer políticas de seguridad pública? ¡Como si la denominada seguridad fuera propiedad de determinados grupos o parcelas de pensamiento identificados ideológicamente!
–El gobierno nacional creó hace unas semanas el Ministerio de Seguridad. ¿Cree que es una medida acertada, y que servirá para enfrentar el problema?
–Puede considerarse como una medida acertada. Pero saber, poco tiempo después de su creación, si el reciente ministerio va a servir para enfrentar el problema es una cuestión que va a depender de las estrategias puntuales que se pongan en marcha. Sin olvidar que, tal como se ha planteado el ministerio, tendrá competencias sobre las fuerzas policiales, lo cual constituye, de verdad, un manifiesto desafío. Porque el gran desafío de la ministra será imponer un control sobre tales fuerzas.
–Las policías Federal y Bonaerense suelen ser unos cuasi ejércitos que trabajan de manera casi autónoma, con pocos controles y con habituales denuncias de corrupción y connivencia con las organizaciones delictivas. ¿Las policías son parte del problema y no la solución de la criminalidad urbana?
–Sí, creo que las fuerzas policiales son parte del problema, pero esto sucede no únicamente en la Argentina.
–¿Cómo controlar entonces a la policía? En la Argentina se debatió el año pasado sobre la descentralización, es decir: la creación de policías comunales. ¿La ve como una opción viable?
–Lo que se alude como “descentralización” puede entenderse también, para la Argentina, como el reconocimiento de fuerzas policiales para cada provincia, apoyado en la forma federal del Estado nacional. Esta experiencia ya es conocida como negativa, pues muchas de esas fuerzas provinciales se han manifestado más corruptas, peor preparadas y muy manipulables por los caciques, caudillos o poderosos políticos provinciales. No descarto que suceda lo propio con las policías comunales, aunque las existentes actúan de manera circunscripta a las infracciones y faltas municipales. La excepción es la policía de la ciudad de Buenos Aires, la cual ya ha dado lugar a otro tipo de dificultades, generadas en un nivel superestructural o de intersección del poder autonómo con el poder estatal.
–Algunos discursos sostienen que sólo con políticas de inclusión social se solucionaría el problema de seguridad. ¿No es riesgoso? ¿No es una forma de naturalizar el prejuicio de que los problemas de criminalidad son problemas de pobreza?
–La pobreza es, sin duda, una fuente impulsora del delito. Pero un número mayúsculo de delitos son cometidos –en toda sociedad y en las del presente más todavía– por personas ubicadas en estratos sociales elevados, perfectamente incluidos en la organización o estructura social. No obstante, siempre corresponde alentar las políticas de inclusión y no exclusivamente para desalentar el delito. No es una cuestión de exclusión el único origen de las conductas delictivas. Creo que es preferible no hablar de “causas” individuales, pues el delito es el resultado de un proceso de definición jurídico-político mucho más complejo que la identificación de una causa.
–¿Se puede prever y combatir el delito con una ciudadanía desconfiada de las agencias estatales: policía, justicia y sistema penal?
–Ciertamente, no. Pero debe destacarse que dichas agencias de control punitivo son absolutamente indispensables para una aplicación apropiada de un derecho penal mínimo, en el respeto de todas las garantías que asegura el orden constitucional.
–¿Cuáles son las asignaturas pendientes del sistema penal?
–En el presente estado de cosas, y no únicamente en la Argentina, debe exigirse a lo que se llama como “sistema penal” (en una tradición jurídica escrita) un proceso de producción de sus reglas jurídicas mucho más adheridas a los requerimientos de control penal estricto y no de respuesta “populista”. Entendiéndose por ésta la simple propuesta de más cárcel a todo tipo de aumento de criminalidad. En segundo término debe exigirse que la aplicación de dichas reglas, mediante las agencias establecidas al efecto (policía, jurisdicción, cárcel para citar las más representativas del poder punitivo moderno) sea la conclusión de la interpretación jurídica más ajustada a las necesidades de control democrático.
–¿Cuánto influye en la generación de psicosis y miedo la fuerte presencia mediática de la inseguridad ligada al delito?
–En cualquier ámbito social donde los poderes de los medios de comunicación sean concentrados, y así puedan escapar a todo control democrático, está asegurada la generación de miedos colectivos.
–¿A quiénes les sirve atemorizar a la sociedad?
–Comprensiblemente sirve a quienes obtienen réditos de cualquier amedrentación generalizada. En el caso de la generación de alarmas ante la inseguridad, los beneficios no únicamente favorecen la vigorización del poder punitivo estatal; también fomenta la privatización de este poder en manos de intereses particulares: policías privadas, incremento de jurisdicciones especiales en empresas, fábricas y talleres, estímulo de cárceles privadas.
–¿Qué acciones considera que podrían mejorar la situación de la seguridad en la Argentina?
–Desde un punto de vista jurídico es imprescindible difundir la convicción de que la seguridad (la seguridad total: salud, vivienda, educación, trabajo) es un derecho que, como tal, pertenece a la categoría de los derechos humanos y, por tanto, debe reclamar la protección de todo el orden jurídico-constitucional. En segundo término, correspondería trasladar semejante convicción a todas las instituciones y sus pertinentes representantes a fin de que asuman de manera consciente el papel de protección y sostén de tales derechos, reconociendo todas las garantías que constitucionalmente le corresponden a cada ciudadano que reclame la satisfacción de todo derecho a la seguridad. Aclaro e insisto: no únicamente a la seguridad en las calles y en sus bienes.
disponible en http://sur.elargentino.com/notas/el-gran-desafio-de-garre-es-imponer-un-control-sobre-las-fuerzas-policiales
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